TOLUCA, Méx.- En lo que va de la administración del gobernador Eruviel Ávila, 70 mil menores han dejado de trabajar.
Durante la sesión del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el secretario del Trabajo Francisco Osorno Soberón exhortó a los sectores de la sociedad “a caminar juntos para eliminar este problema y reforzar las acciones que permitan mantener a los niños, niñas y adolescentes enfocados en lo que les toca, que es jugar y estudiar”.
Reiteró el llamado que el gobernador Eruviel Ávila Villegas hizo para evitar que los niños que están incorporándose a la vida tengan que trabajar y hacer a un lado sus estudios.
Puntualizó que el gobierno estatal continuará aplicando programas que beneficien la educación y la salud de los niños.
A la reunión asistió la subdelegada de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, Magdalena Rodríguez Lomelí, quien propuso ofrecer a las familias vulnerables el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia con la finalidad de que los menores continúen sus estudios en caso de que llegue a faltar la figura materna.
“El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca; concretamente pretende apoyar la educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional”, explicó la funcionaria federal.
Francisco Osorno dijo que de acuerdo con las últimas cifras del módulo de trabajo infantil del INEGI, en la entidad, entre 2011 y 2015 la tasa de ocupación infantil pasó de 6.7 a 6.0%, lo que se traduce en que 70 mil menores de 17 años dejaron de hacer algún tipo de actividad no permitida.
En este sentido, Rosa María Miranda Venegas, jefa del departamento de desarrollo estadístico del INEGI, afirmó que en el año 2011, unos 295 mil niños y jóvenes se encontraban en esta condición y de acuerdo a estadísticas del 2015, la cantidad bajó a 225 mil 446.
El Comité está integrado por 14 instituciones gubernamentales, 2 académicas, 2 agrupaciones sindicales, 3 patronales, una asociación civil, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
