Joel Avelar de León
AMECAMECA, Méx.- Victorino Estrada Allende permaneció 11 meses internado en contra de su voluntad en el anexo Guerreros, donde fue ingresado con engaños por empleados, sufriendo agresiones físicas y humillaciones.
Entrevistado por AMAQUEME el lunes cuatro de abril, tres días después de recuperar su libertad, informó que fue anexado la mañana del 14 de mayo del 2021 por tres hombres que lo recogieron en la calle Mariano Abasolo de esta cabecera, alrededor de las siete de la mañana, frente a un puesto de jugos.
Reconoció que llevaba varios días tomando y ese día se encontraba muy mal, se le acercaron tres hombres que llegaron en una camioneta, comentándole uno de ellos que se la iba a “curar” y lo llevaron al anexo.
Externó que desde ese día no volvió a ver a su hermana hasta la noche del viernes uno de abril.
Reveló que recuperó su libertad gracias a la policía municipal de Amecameca, con quien acudió su hermana Leoncia, luego de acudir al anexo Guerreros para que sacar a su hermano, pero en una primera visita, se lo negaron, asegurándole que no tenían a nadie con el nombre de Victorino ni sus señas físicas.
Dijo que su hermana lo buscó 11 meses de manera infructuosa en otros anexos y en hospitales, iniciando la denuncia respectiva en la Fiscalía regional de Amecameca por su desaparición.
Indicó que el anexo se encuentra en la cuarta cerrada de Insurgentes, del barrio Caltenco de esta cabecera.
Comentó que a principios de este mes, un amigo le informó a Leoncia que Victorino estaba anexado en un inmueble.
Dijo que enterada de ello, la noche del viernes uno de abril acudió al anexo para sacarlo, pero como se lo negaron, pidió ayuda a la policía, informándoles que existía una ficha de búsqueda iniciada por la FGJEM.
Dijo que en la segunda ocasión, acompañada de uniformados, personal del anexo aceptó que sí estaba con ellos, pero le advirtieron que debería pagar 30 mil pesos por el tiempo que permaneció ahí, además de un bulto de azúcar, otro de harina y cajas de despensa.
Asentó que su consanguínea no pudo pagar por falta de recursos económicos.
Aseveró que al ver la presencia de policías, finalmente trabajadores del anexo Guerreros lo dejaron salir y los oficiales lo llevaron a la Fiscalía regional de justicia para dar de baja la ficha de búsqueda.
Victorino denunció que durante casi el año que estuvo recluido en contra de su voluntad, cuantas veces solicitó que lo dejaran salir, se negaron, argumentándole que aún no estaba totalmente rehabilitado y debía cumplir un año internado.
Aseguró que cuando fue ingresado al anexo le hicieron firmar un documento en el que aceptaba que lo hacía por voluntad propia.
“Nunca se prestaron para platicar, siempre me decían órale a tu cuarto y me daban de mazapanazos en la cabeza, nos traían como si fuéramos burros de carga y sólo comíamos dos veces al día, pura verdura y agua, no nos daban carne ni tortillas.
Señaló que durante su encierro perdió más de siete kilos de peso.
Informó que en dicho anexo viven entre 12 y 15 personas, varios de los cuales fueron recogidos en la calle sin su autorización y tampoco informaron a sus familiares, como fue su caso.
Afirmó que durante su permanencia no fue objeto de ninguna terapia o atención médica y sicológica para tratar sus adicciones, pese a lo cual, en algunos casos, pedían a familiares de anexados una cooperación especial para pagar dichos servicios, que nunca recibían, además de las cuotas semanales que les cobraban.
