Alumno de la Escuela Comunidad Cultural «Ana Frank» fue privado de su libertad para obligar a su madre a rescindir el contrato
IXTAPALUCA, Méx.- Por los frecuentes hostigamientos de que era víctima su hijo de 11 años y por privación de su libertad, Nancy Guadalupe López Rivera demando a la Escuela Comunidad Cultural “Ana Frank”, institución privada ubicada en este municipio.
Entrevistada por AMAQUEME el lunes ocho de julio, aseguró que sus frecuentes y oportunas denuncias ante la supervisión escolar regional, ante la directora y el apoderado legal de la institución nunca tuvieron eco.
Afirmó que su hijo, que cursaba el quinto grado, fue privado de su libertad por maestras y la directora, el pasado ocho de mayo, porque se negó a firmar la recisión del contrato de servicio con la escuela.
Puntualizó que desde el cuarto grado, su hijo, que sufre discapacidad visual, empezó a ser objetos de bullying por parte de sus maestras.
La institución se localiza en la calle Oyamel s/n de la colonia Alfredo del Mazo.
Precisó que demandó por tres causas a la escuela: por incumplimiento de contrato, debido a que directivos de dicha institución educativa no argumentaron una causa legal y objetiva para tomar tal medida, pues lo terminaron por cuestiones subjetivas que no estaban establecidas en el mismo, alegando violencia de ella y su menor hijo.
Asimismo, se dio inicio a una denuncia por privación ilegal de la libertad en el ministerio público de Género, en cuanto hace a que es un menor de edad la víctima.
La denunciante, citó que el pasado ocho de mayo al acudir por su hijo, directivos de la escuela no le permitieron la salida, deteniéndolo por más de 15 minutos dentro de ella, porque querían que les firmara una recisión del contrato.
Dijo que ello le obligó a pedir el apoyo de policías municipales, que hablaron con docentes y sólo asi permitieron salir a su hijo.
Asentó que se negó a firmar la recisión porque no había ningún tipo de causa que justificara el hecho, además de que fue avisada en el momento y sin una razón jurídica para llevarla a cabo.
Señaló que la tercera demanda se presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el bullying en contra de su hijo.
Dio a conocer que nunca había tenido problemas de esta naturaleza en la escuela Comunidad Cultural “Ana Frank”, donde también estudió su hija mayor y el niño llevaba más de siete años estudiando, pues entró desde guardería.
Nancy aseveró que el bullying y presiones psicológicas a que fue sometido frecuentemente el niño, le que afectaron emocionalmente.
Responsabilizó de lo anterior a la maestra Itzayana de cuarto año y en quinto, a la maestra Lorena, cuyas conductas siempre fueron solapadas por la directora Sofía Serafín Mirón y el apoderado legal, doctor Héctor Leopoldo Ruíz, que además son pareja sentimental.
Aseguró que todo lo anterior le generó consecuencias en la conducta y el carácter de su hijo, que tiene una disminución visual.
En su momento, la maestra Itzayana se refería a él como discapacitado visual y le aventaba sus libretas en el escritorio.
Asentó que existen más casos de hostigamiento de ambas docentes en perjuicio de otros alumnos en el mismo ciclo escolar, pero por temor a ser objeto de represalias de los directivos de la institución, no denuncian.
“Busco que se respete el contrato que rescindieron, porque este estipula que es de un año lo que debe de durar, terminando en este mes de julio del presente año, una vez que concluya su instrucción del quinto grado”, señaló la entrevistada.
Aseguró que su hijo fue literalmente corrido de la escuela, lo que también le provocó afectaciones de manera emocional y escolar, puesto que no pudo concluir con su educación, además de que el hecho constituye una violación a la Constitución, pues la educación es un derecho fundamental de las personas.
Recordó sus denuncias, desde que su hijo empezó a sufrir hostigamiento de la maestra Itzayana, las turnó oportunamente al maestro Andrés Martínez Palo Alto, supervisor escolar, pero no actuó en contra de la escuela, ni tomó ninguna medida correctiva.
López Rivera dijo que también acudió a la misma supervisión después de que su hijo fue corrido del centro educativo y la persona que la atendió le mencionó que verían la forma de incorporarlo al niño a otra escuela de gobierno para que concluyera el año, pero ellos no podían hacer nada en contra de la anterior escuela donde estudiaba.
“Como madre exijo la reparación económica absoluta, porque se vio demasiado afectado en todos los sentidos y los hago responsables, porque debido a todo lo antes expuesto, le provocaron daños emocionales a mi hijo y a mi familia”, externó.
