Jorge Martínez Cordero
***Miembros del comité de vigilancia para obras de mejoramiento y mantenimiento del centro de salud denunciaron a Bernardo Reguero y Rubí Nava, presidente y tesorera
SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, Méx.- Integrantes del comité de vigilancia para obras de mejoramiento y mantenimiento del centro de salud denunciaron a Bernardo Reguero y Rubí Nava, presidente y tesorera de “Siervos de la Nación” de alterar costos de los trabajos.
Los inconformes, entrevistados a solicitud propia por AMAQUEME, explicaron que en reuniones previas al inicio de trabajos de impermeabilización en el techo y pintura en las paredes del centro de salud, se estableció un presupuesto de 168 mil pesos.
Sin embargo, revelaron que la representante del gobierno federal, denominada «Siervo de la Nación», Lizeth Altamirano Amador, incrementó el costo a 242 mil pesos, 74 mil más sin la autorización de los miembros del comité.
Además, acusaron que se agregó a personas ajenas al grupo de vigilancia de los trabajos, también sin permiso del comité.
Señalaron que junto con el programa denominado «La Clínica es Nuestra», también se distribuyen recursos económicos de otros programas como «La Escuela es Nuestra», el de los adultos mayores y otros.
Precisaron que temen que las irregularidades en el manejo de los recursos económicos estén siendo manipuladas y desviadas para beneficio de los citados Bernardo Reguero y Rubí Nava.
Por ello hicieron un llamado directamente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora estatal Delfina Gómez Álvarez para que se realice una investigación y no se ensucie la filosofía de la 4T de «no robar, no mentir y no engañar».
Igualmente, hicieron un llamado a la directora regional del Bienestar, Yessica Delgado para que investigue las irregularidades mencionadas, porque aseveraron, se están violando los estatutos de la gaceta IMSS Bienestar, donde están dictadas las reglas de operación del programa «La Clínica es Nuestra».
También, en el propio documento se ha establecido que los integrantes de los comités deben pertenecer a las comunidades. No obstante, se han impuesto a personas ajenas, por lo que reiteraron sus sospechas de desvío de recursos públicos.
«Un vecino de la comunidad que ha estado pendiente del asunto hizo una denuncia ante el ministerio público y envió una carta al primer mandatario del país, para informarle la falta de transparencia en la aplicación de los programas federales y estatales», informaron los denunciantes.
Ante los señalamientos de los inconformes se solicitó a la servidora pública Lizeth Altamirano su versión de los hechos, pero se negó a emitir algún comentario, indicando únicamente que serán las autoridades competentes quienes aclaren el problema.
