Joel Avelar de León
ECATZINGO, Méx.- De agosto de este año a noviembre del 2024, el gobierno municipal pagará mensualmente 700 mil pesos a Edgar Trejo Fuentes, su esposa e hija, despedidos hace en el 2010 durante el gobierno municipal del priista J. Isabel Yáñez Mendieta.
En entrevista con AMAQUEME, la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez Martínez reveló que un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Ecatepec sentenció al municipio a pagar poco más de 18 millones por concepto de un laudo a favor del exempleado y los dos miembros de su familia.
Señaló que dicha persona, su esposa e hija fueron contratados durante el trienio del panista José Manuel Orato Marín -2006-2009- y los tres laboraban como asesores del entonces sindico Miguel Ángel Pérez.
Explicó que al terminar esa administración y tomar posesión el priista J. Isabel Yáñez, los tres fueron despedidos, porque sus servicios ya no eran necesarios, además de que no contaban con un contrato de trabajo.
Reveló que los tres fueron contratados directamente por el exsíndico como asesores personales por la relación personal que existía entre ellos.
La munícipe de extracción priista destacó que desde el gobierno de Yáñez Mendieta y todos los posteriores, ningún enfrentó la demanda y el monto del laudo se fue incrementando hasta llegar a los 18 millones.
Dijo que ella decidió hacerlo porque iban a embargar al municipio, hecho que afectaría significativamente sus recursos y maquinaria, por eso decidió negociar con Edgar Trejo.
En este contexto, reveló que llegó a un acuerdo con él y aceptó reducir el monto de 18 a 11 millones de pesos, acordándose que se pagarían en 16 meses a partir de agosto pasado, a razón de 700 mil pesos mensuales.
Dijo que la deuda se terminará de liquidar el cinco de noviembre del 2024.
Pérez Martínez refirió que cada mes se entregan tres cheques por cantidades distintas que en conjunto suman 700 mil pesos al Tribunal de lo Contencioso.
Aseguró que de no haber llegado a un acuerdo con los demandantes, además de que se iba a incrementar la deuda, iban a embargar al municipio.
La entrevistada resaltó que con este acuerdo, los gobiernos posteriores ya no enfrentarán ningún problema legal, ni mucho menos cargas económicas tan onerosas.
Finalmente, subrayó que el pago mensual para finiquitar el laudo ocasiona problemas económicos a su administración, principalmente en la ejecución de programas sociales, pero insistió en que era más conveniente saldarla que dejarla correr.
