• El alcalde y hoy candidato de Morena a la presidencia, Antonio Vallejo Gama, desconoció los hechos y la mantiene en el cargo hasta la fecha.
TEMAMATLA Méx.- La Directora de Seguridad Pública de Temamatla, María Guadalupe Luna Carmona está acusada de robo y abuso de autoridad en la causa penal 1399/23 junto con tres de sus subalternos, por hechos que ocurrieron en abril de 2023, cuando el ahora alcalde con licencia, Antonio Vallejo Gama, solapó abusos contra una comerciante del centro y mantuvo a la funcionaria en el cargo.
Según se lee en la carpeta de investigación que se desahoga en los juzgados de Huitzilzingo, la Jefa de Turno Diana Paola “N”, la policía Laura “N” y el cadete Omar “N”, por órdenes de su directora María Guadalupe realizaron un operativo apoyando al área de Comercio.
Sin embargo el constante maltrato en contra de los comerciantes derivó en el sometimiento de forma agresiva de la denunciante, propietaria de abarrotes Martínez, ubicado en la avenida Guerrero, a quien le robaron una fuerte cantidad de dinero para luego subirla a una patrulla y “pasearla” por más de una hora, amenazándola para que les entregara más dinero, mientras todo era grabado por el celular de la víctima sin que los servidores públicos municipales se dieran cuenta.
En ese tiempo, el munícipe Antonio Vallejo Gama, actual candidato de Morena al mismo cargo protegió a su directora y negoció la renuncia voluntaria de la Jefa de Turno Diana Paola “N” y de la policía Laura “N” y de Omar “N”, quien estaba en capacitación como cadete.
Posteriormente, el entonces alcalde se negó a recibir a la afectada a quien le mandó a decir que procediera como quisiera.
La afectada inició su denuncia y presentó todas las pruebas, entre ellas el video que da testimonio de todo el comportamiento de los policías de Temamatla, tanto dentro de su negocio como arriba de la patrulla.
Derivado de ello, un juez de Huitzilzingo encontró elementos para procesar a los 4 involucrados por Robo y Abuso de Autoridad con derecho a libertad pero con firmas periódicas en el juzgado hasta resolver su situación jurídica.
Cabe mencionar que los acusados podrían alcanzar, en caso de ser declarados culpables, una pena de hasta 9 años de prisión por los delitos que cometieron y podrían quedar inhabilitados para el servicio público.
