**Las entidades gubernamentales están obligadas a responder solicitudes de información en un plazo máximo de 20 días hábiles; el municipio viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Alejandro Aranda.
OZUMBA, Méx.- El gobierno municipal del PVEM en funciones, se niega a responder solicitudes de acceso a la información pública referentes a sueldos de los actuales funcionarios y obra pública, en abierta violación de la normatividad vigente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con el artículo 24 de dicha Ley, las entidades gubernamentales están obligadas a responder a las solicitudes de información en un plazo máximo de 20 días hábiles, con la posibilidad de una ampliación de 10 días adicionales en casos justificados.
Sin embargo, múltiples ciudadanos y organizaciones han denunciado la omisión del municipio de Ozumba, que simplemente ha ignorado las peticiones sin ofrecer respuesta alguna.
Desde inicios de 2020, cuando gobernaba el morenista Valentín Martínez Castillo, AMAQUEME ha realizado múltiples solicitudes de información sobre temas como salarios de empleados, del presidente, aguinaldos, obras gasto de gasolina para el parque vehícular oficial, compra de patrullas, de uniformes y gasto en obra pública.
Otras solicitudes que ha ignorado de manera sistemática la actual administración encabezada por Ricardo Valencia Valencia, son el monto de recursos destinados a festividades como el Día de Reyes, la madre o del niño
También se ha solicitado información sobre apoyos brindados por el municipio con motivos religiosos, apoyos para trabajadores y otros gastos administrativos. Sin embargo, ninguna de estas solicitudes ha sido respondida por las autoridades municipales.
Este incumplimiento no sólo representa una falta administrativa grave, sino que puede acarrear sanciones para los funcionarios responsables.
El artículo 147 de la citada ley, precisa que la omisión en la entrega de información puede derivar en procedimientos sancionatorios, que incluyen desde amonestaciones hasta la destitución e inhabilitación de los servidores públicos involucrados.
Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece la posibilidad de que el Instituto de Transparencia estatal interponga medidas correctivas contra el municipio.
La falta de respuesta del gobierno municipal a solicitudes de información genera un grave precedente en materia de rendición de cuentas, fomentando la opacidad y la falta de fiscalización de los recursos públicos.
Aunque el derecho de los ciudadanos a conocer la información pública debe de ser garantizado, el actual edil ha ordenado al titular del área de transparencia no dar contestación alguna a través de ese medio.
Mientras tanto, el gobierno municipal de Ozumba permanece en silencio, profundizando la desconfianza ciudadana y alimentando sospechas sobre la opacidad en la gestión de los recursos.
La transparencia no es una concesión, es un derecho, y el incumplimiento de la ley solo demuestra el desinterés de las autoridades por rendir cuentas a la población.
